¿Qué relación tiene el nuevo régimen de producción y movilización laboral con la proliferación de innovadoras formas de control, con la multiplicación de los dispositivos de segregación y vigilancia y con el nuevo encarcelamiento de masas del que hoy somos testigos? Ésta podría ser la pregunta con la que se abriese este libro y todo un proyecto de discusión sobre la nueva economía política de la pena. El gobierno de la excedencia avanza una respuesta tan imprevista como osada. La actual exacerbación de la rigidez penal, de la lógica de excepción y de la atmósfera mediática del securitismo preventivo, bien pudiera deberse menos a una capacidad de control totalitario sobre el cuerpo social, que justamente a lo contrario. Los poderes podrían estar contemplando una sociedad que se les escapa más allá de los ángulos ciegos de las redes de videovigilancia y de la punición preventiva. La identificación del crimen con grupos de riesgo (migrantes, minorías, jóvenes), la definitiva selectividad del endurecimiento penal hacia estos grupos y la emergencia de lo que cada vez más, es una gran metrópolis punitiva, obedecerían así a una estrategia de reducción de la complejidad, de destrucción de una impensable alianza social (¿la multitud?), potencialmente letal para el régimen de acumulación postfordista.